Historia


La Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (Codeju) comenzó a organizarse en 1977 en Valparaíso, donde un grupo de sectores juveniles de diversas tendencias políticas se unieron para conformar una organización que los aglutinara y protegiera, en el contexto de las graves vulneraciones a los Derechos Humanos que se desarrollaban en el marco de la dictadura cívico-militar, apoyadas por la invisibilización de estos hechos en los medios de comunicación y con la prohibición a los estudiantes de organizarse en sus establecimientos educacionales. Durante ese año el grupo tomó más fuerza y el 10 de diciembre de 1978 se fundó formalmente la institución en Santiago, teniendo como símbolo la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

El objetivo de la organización ha sido claro desde un inicio y queda plasmado en el documento de su constitución, en donde se declara que “no podemos adoptar un rol pasivo, que signifique la aceptación tácita de aquellos regímenes u ordenamientos que han utilizado la fuerza como fundamento de sustentación de sus estructuras de poder, dando lugar así, a las más agresivas expresiones vulneratorias de los derechos…”, así se asume como un principio fundamental el “tomar una posición activa” respecto de la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Por lo mismo, en la ausencia forzosa de organizaciones estudiantiles, nació la Codeju como una expresión de un grupo de personas que vivieron los años más represivos y sangrientos de la Dictadura, entendiendo que los Derechos Humanos no se conmemoran una vez cada año, sino que se hacen carne luchando todos los días del año por una sociedad más justa y democrática. Por lo mismo, la institución se convirtió en un actor clave de la lucha estudiantil para derrocar la dictadura, colaborando principalmente con universitarios y secundarios en la defensa de su derecho a la democracia y la protesta social, en un complejo ambiente de autoritarismo y represión.

Esas mismas banderas de lucha continuaron levantándose durante la década de 1990, en donde la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles siguió abogando por el reconocimiento de niños, adolescentes y jóvenes como actores que no podían quedar ajenos a los procesos de democratización que se deberían haber desarrollado en el país. Así, durante esa época se consolidó como una de las organizaciones no gubernamentales más influyentes en discusiones como la modificación a la Ley de Servicio Militar Obligatorio, la eliminación de la Detención por Sospecha y la creación de los Derechos del Detenido.

Durante la década del 2000 la Codeju siguió articulando trabajos con estudiantes secundarios y universitarios, en el marco de las movilizaciones de 2001 y 2006, destacándose el acompañamiento en denuncias a diversas situaciones de vulneraciones a los Derechos Humanos en contra de estudiantes, que eran agredidos por agentes del Estado en medio de manifestaciones sociales que reivindicaban el derecho a la educación. En ese contexto, la organización participó activamente de las discusiones que lograron la modificación de la Ley Orgánica Contitucional de Enseñanza (LOCE) y reformas tendientes a proteger a adolescentes embarazadas, a la no discriminación de estudiantes de escasos recursos y al potenciamiento de la permanencia de éstos actores en el sistema escolar.

Sin embargo, los dirigentes que le dieron vida a la Codeju en la primera década del nuevo milenio, decidieron emprender otros rumbos, dejando a la organización en un letargo que comenzó en 2008 y se prolongó por varios años, hasta que en 2011 un pequeño grupo de dirigentes y exdirigentes estudiantiles secundarios retomó las banderas de lucha históricas de la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles contra las vulneraciones a los Derechos Humanos, refundándola definitivamente el año 2012, trabajando hasta hoy de forma ininterrumpida.

Actualmente la Codeju se ha reestructurado en base a la necesidad de responder a los cambios de las últimas décadas. En el contexto de las masivas protestas ciudadanas desarrolladas en los últimos años, especialmente las lideradas por estudiantes; de constantes abusos de autoridad inaceptables para una sociedad democrática, que solo pretenden proteger un sistema que ha privatizado y mercantilizado derechos sociales como la educación, salud y vivienda; y por último, de los escasos avances del Estado chileno en el cumplimiento de sus deberes, es que continúa siendo necesario trabajar para reivindicar y defender los derechos de niños, adolescentes y jóvenes, que en una sociedad neoliberal como la chilena son permanentemente ignorados, tratándoseles sólo como meros consumidores y no como sujetos con capacidad de contribuir, desde sus subjetividades y opiniones, a la construcción de una mejor sociedad.