Ante la crisis del Servicio Nacional de Menores


Como Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles queremos pronunciarnos públicamente ante los sucesos que vienen aconteciendo desde hace varios años en torno al funcionamiento del Servicio Nacional de Menores en nuestro país.

Frente a esta coyuntura, pensamos que tenemos el deber –siguiendo los principios de nuestra organización- de defender activamente los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dando cuenta de una serie de puntos por los cuales creemos que el Estado chileno debe responder y hacerse cargo.

1.- Informe Sename II: denunciamos la mezquindad del debate político

Como CODEJU creemos que el debate público desarrollado a partir de las denuncias ocurridas debido a la crisis existente del Sename, y la posterior presentación del segundo informe realizado por la Comisión Investigadora Sename II, solo ha llevado a una batalla política de dimes y diretes por parte de las distintas bancadas políticas que se expresan en el Congreso Nacional.

Luego de meses de sesiones, el informe presentado contiene 542 páginas en donde se responsabiliza a dos ex ministros de Justicia, Javiera Blanco y José Antonio Gómez, traspasando todo un problema de décadas a dos personas, desconociendo que el Estado chileno tiene responsabilidades que deben ser asumidas individual e institucionalmente. En ese sentido, quienes tomaron decisiones que afectaron el funcionamiento del Sename o conservaron posiciones pasivas ante las irregularidades de las que tuvieron conocimiento deben asumir las consecuencias de sus acciones, pero también son los poderes del Estado los que coordinadamente encubrieron estas situaciones.

No desconocemos que el informe trabajado por el parlamento indaga en las muertes de una serie de menores al cuidado de esta institución, destacando el asesinato de Lisette Villa en el centro Cread Galvarino de la comuna de Estación Central. Pese a ello, el texto solo se queda en constataciones de hechos graves pero no avanza en aclarar los motivos de fondo por los que sucedieron todos estos sucesos y tampoco se hace cargo de recomendar transformaciones estructurales que entreguen seguridad y dignidad a niños, niñas y adolescentes vulnerados que son tratados de diversas formas por el Servicio Nacional de Menores.

Tras el rechazo de este documento en el parlamento, la profundización del debate solo ha contribuido a generar una mirada sesgada y no aporta en facilitar un punto de vista más crítico y profundo respecto de los reales acontecimientos que suceden dentro de los hogares del Sename. Por tal motivo, mientras las dos grandes coaliciones políticas llevan la discusión por un campo de superficialidades, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo vulnerados a diario, sin conseguir soluciones claras y contundentes.

2.- Nos negamos al encubrimiento institucional: hay que mirar la crisis en su profundidad

El Estado ha desembolsado, durante el 2016 y lo que va del 2017, más de $16 mil millones en los Organismos Colaboradores del Sename, instituciones privadas que se reducen a solo cinco, si hablamos de las que más reciben recursos por parte del Sename.

Políticos, ex directores del Sename, privados vinculados a universidades, son solo algunos de las relaciones de quienes participan de los directorios de los Organismos Colaboradores del Sename, lo que da cuenta de complejas redes de poder que se esconden detrás del maltrato hacia las niñas y niños. Quizás todo eso explica que el Estado hoy no está facultado como ente fiscalizador para intervenir y vigilar el destino de los aportes realizados a dichas instituciones, ni tampoco para verificar el real y adecuado funcionamientos de los centros que reciben una cantidad importante de recursos del fisco. Nada de esto ha logrado ser discutido por un parlamento que solo ha hecho vista gorda e incluso solicitan más recursos para los Organismos Colaboradores con los que tienen evidentes conflictos de interés.

Junto con esto, los Tribunales de Familia se han encargado de colapsar los recintos del Sename sin discriminar o ver alternativas dentro de las familias más cercanas de los niños y niñas vulnerados. Aún con la realidad brutal develada por el informe, que claramente demuestra que es mucho peor opción de supervivencia seguir enviando menores a los centros, los tribunales siguen privilegiando los hogares como forma de solucionar los problemas de vulneración de derechos a menores de edad. La Corte Suprema y los altos organismos de la justicia chilena están en conocimiento de esto desde hace años, incluso han desarrollado desde 2012 sucesivos informes que han terminado archivados, prueba de esto es el «Informe Jeldres».

A la complicidad del parlamento y las acciones erradas de la justicia, se suma un poder ejecutivo que no ha logrado tratar la crisis en su intención de seguir protegiendo los intereses que están detrás del Sename. Aunque en la última década se han entregado antecedentes concretos de los hechos que ocurren en esta institución, considerando muertes, torturas y abandono, se ha buscado evitar reconocer la responsabilidad estatal. ¿Por qué desde la investigación del Estado, que demuestra las tremendas y violentas irregularidades, no se cuestiona su rol no fiscalizador y el uso de los fondos que este mismo está entregando a instituciones privadas desreguladas? La respuesta es que, si bien el Estado nos da a conocer una realidad, no lo hace completamente, estableciéndose un encubrimiento institucional de una red político–económica que recibe año a año grandes sumas de dinero, pero cuyas organizaciones no mejoran la calidad de vida de los niños que atienden ni menos solucionan sus problemas de vulneración de derechos.

La estructura de administración del Servicio Nacional de Menores, despreocupándose del cuidado de los niños y entregándolos a instituciones privadas que los tratan como «stocks», como meros números, es la real causante de que actualmente continúe el círculo vicioso del maltrato a niños, niñas y adolescentes vulnerados.

3.- Estructura y funcionamiento del Sename: los problemas que se siguen ignorando

Los centros del Sename a lo largo de nuestro país no han sido capaces de recibir y dar la contención necesaria a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, pero de la mano a la existencia de un servicio que no tiene la capacidad para mantener una gran población de menores, no han existido tampoco programas ni políticas públicas destinadas a evitar las condiciones que se comprenden como “vulnerabilidad”. ¿No debiese ser acaso prioridad nacional el por qué se reproduce una tan alta cifra de niños, según los estándares internacionales, en condición de vulnerabilidad?

Como Codeju observamos dos situaciones que no han estado presentes en el debate de la forma en la que esperaríamos. Por una parte, el abandono, torturas y asesinatos de manera sistemática en los centros, pero por otra, los altos índices de desigualdad de oportunidades en nuestro modelo económico, que son los causantes reales de la existencia de una infancia vulnerada. Desde ese punto de vista, lo ocurrido en el Sename solamente es el síntoma de una enfermedad mayor: la mercantilización de derechos sociales básicos como la educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros.

Con respecto al sistema de asistencia a menores vulnerados, esto se evidencia con una serie de problemas que son ignorados desde el Estado y sus instituciones, lo que creemos que es de forma racional y planificada, en un contexto de privatización de derechos y fortalecimiento de un rol subsidiario del Estado que le impide hacerse cargo realmente de los problemas de la población.

En materia concreta, el Estado no maneja una base de datos nacional con los menores a cargo del Sename, es decir, no tiene información completa sobre los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en sus centros de los cuales más del 90% están en manos de privados que son subsidiados por el fisco. Los recintos que acogen a los menores vulnerados en su mayoría no cuentan con el acondicionamiento que se requiere para recibirlos, ni tampoco con el personal calificado para trabajar con ellos. Una parte importante de los empleados encargados del funcionamiento de los centros y del cuidado de los menores no cuentan con conocimientos profesionales necesarios para asistir y cuidar a los menores en riesgo. A esto se suma, el que las altas cifras  de dinero que reciben los Organismos Colaboradores muchas veces se van en pagar los salarios de altos cargos directivos de estas fundaciones y no en directo beneficio de los menores. Este tipo de situaciones no pueden ser evidenciadas de forma clara, puesto que no existe regulación de los organismos del Estado respecto de los dineros otorgados para el funcionamiento de centros de rehabilitación y casas de acogida.

Dicho todo lo anterior, creemos que lo mínimo es que el debate empiece por cuestionar la privatización del sistema, las escasas regulaciones a las fundaciones que reciben dinero del fisco y la nula preocupación del Estado por la situación concreta de cada menor que es enviado por el poder judicial al cuidado de estas organizaciones. No puede ser que el porcentaje de establecimientos privados sea tan ampliamente superior a los que están administrados directamente el Sename y que el Estado se mantenga en una posición subsidiaria sin ningún tipo de fiscalización ni preocupación por los profesionales y funcionarios que están día a día conviviendo con la infancia vulnerada de Chile.

4.- La realidad de la infancia vulnerada y la necesidad de asegurar derechos sociales

Más allá de lo que ha ocurrido en los últimos meses con la visibilización de todas las situaciones que acabamos de relatar, como Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles queremos poner el acento en una pregunta que la mezquindad política y el encubrimiento institucional se han negado a realizar: ¿por qué tiene que existir el Servicio Nacional de Menores? Existe el Sename porque en este país niños, niñas y adolescentes se encuentran en permanente vulneración de sus derechos.

En ese sentido, es insólito que el Estado desembolse abrumadoras cantidades de dinero a entidades privadas para que se hagan cargo de proteger a la infancia, cuando debiera ser un compromiso asumido directamente por el mismo Estado como garante de los Derechos Humanos de toda la población.

Así mismo, debemos comprender que cuando hablamos de un Servicio Nacional de Menores deberíamos referirnos a todas las niñas, niños y adolescentes que habitan en este territorio. Por eso la crítica no puede ni debe restringirse solo a los centros del SENAME. Vemos con preocupación el sistema de adopción, la educación formal con un sistema segregador que relativiza el derecho a la educación y, englobando todo, la desigualdad de oportunidades que hoy sufren las familias de Chile.

Tenemos la seguridad de que la mejor manera de fortalecer un servicio de protección y garantía de derechos a la infancia es terminando con la privatización corrupta de los derechos sociales de todas las chilenas y chilenos, para que niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos tenga una vida digna, con un Estado garante que proteja el derecho a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, etcétera.

Hoy la infancia vulnerada es un espejo de una sociedad que vive en medio de una permanente vulneración, por un modelo político, económico y cultural que lleva a la vulneración planificada de los derechos de una parte importante de la población. La existencia de un Servicio Nacional de Menores enfocado en la vulnerabilidad es por la reproducción de esa vulnerabilidad, cuando el Estado debería garantizar los Derechos básicos de manera directa, sin intermediarios, y de manera general, no focalizada.

La privatización de distintos derechos reproduce la desigualdad, por eso el cambio estructural en el Sename debe apuntar a una transformación estructural del sistema de cuidado a la infancia. Porque pese a todo lo que puedan discutir los parlamentarios y parlamentarias, la realidad es indiscutible: en el Sename se mata.

Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles

Santiago de Chile, Agosto 2017