Abandono de jóvenes vulnerables: Asegurando una venidera condena


Suena fuerte pero es la realidad. En Chile los tratados internacionales y las normas internas que obligan a garantizar la especial protección de los niños y jóvenes con responsabilidad penal, sus Derechos Humanos y un proceso educativo “resocializador”, como de aquellos en situaciones vulnerables, no son más que letra muerta.

¿De qué sirve fundamentar y proponer tanto la resocialización de menores y métodos despenalizadores si lo necesario para poner en práctica esas apuestas de prevención nunca estuvieron y nunca han estado? Llevamos más de un año conociendo desgarradoras situaciones dentro de los centros del SENAME: Son 1600 jóvenes al año que entran a la justicia juvenil provenientes de los centros de menores, y el otro dato aún más impactante, la mitad de los reos de la justicia penal chilena vienen de estos centros de “protección”. Los datos duros suman y siguen: cientos de niños muertos en situaciones irregulares en los últimos años, la denuncia de los trabajadores de Til Til afirmando tener dos personas apuñaladas por semana, los incendios en centros, las torturas, los dopajes ilegales, el tráfico de drogas y de menores y el innegable abandono del Estado y la sociedad. Es decir, datos fehacientes de que el sistema de protección de menores además de ser indigno, estar colapsado y generar un sin número de afectaciones de derechos, ni siquiera se acerca a su objetivo de reinserción.

Ante todo esto y de manera bastante tardía y poco alentadora, el gobierno hace unos días firma un proyecto de ley que buscaría finalizar con el SENAME como lo conocemos, y que dividiría la atención de jóvenes vulnerables en dos instituciones: un servicio de “protección especializada de niños y niñas” que de seguir todo su curso sería parte de una nueva subsecretaria de la niñez que funcionaria dentro de los ámbitos de competencia del ministerio de Desarrollo social, y, por otra parte, un servicio de “reinserción social juvenil” dependiente del ministerio de justicia. Todo esto, tratando de generar una individualidad mayor de los jóvenes en su protección y una mayor garantía de los derechos establecidos en los distintos tratados internacionales.

Si bien, la separación estructural y la individualización es una cuestión indispensable que se hacía necesaria hace años, hay bastantes cosas sin resolver que mantienen enormes sospechas sobre el funcionamiento que terminará teniendo este nuevo sistema de protección y reinserción.

El primero es la administración. Aunque parezca poco relevante, es de vital importancia la administración directa de los centros del SENAME, hoy en día, en una amplia mayoría en manos de empresas privadas. Por una parte, la fiscalización de estos centros ha sido ineficiente, mientras que al funcionar la subvención de la misma manera que ocurre con el sistema educativo mixto chileno, se antepone el sentido mercantil por sobre la garantía de derechos, cuestión aún más gráficamente comprobable con la situación del sename en la actualidad. Los centros están convertidos en verdaderos institutos profesionales de condenas venideras, todo esto, en base a torturas presentes, y aún así, como decía la ex ministra Javiera Blanco, existe un stock enorme y agotado. Stock es certero, porque mientras se mantenga este tipo de administración, se seguirán viendo a nuestros niños como números. Estadisticas de mercado condicionadas a este.

Un importante avance será saber qué dirá el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que ya está en las últimas etapas de una fiscalización a los centros del SENAME, con el fin de revelar aún más las enormes irregularidades que desconocemos públicamente pero que sabemos que siguen ocurriendo. De todas maneras, la fiscalización del INDH es insuficiente. Será trabajo de la sociedad civil y todos quienes nos hacemos parte de velar por una sociedad que garantice Derechos Humanos, y en especial, por la protección de niños, jóvenes y adolescentes, estar atentos para exigir el apoyo estatal real en estos centros.

Lo otro tiene que ver con el financiamiento estatal. Hasta ahora, se ha hablado de individualización, de creación de Seremis, y de muchas ideas, pero como nos preguntabamos al principio, ¿de que sirve tanta palabrería si no hay como generarlo?, la separación en dos instituciones debería conllevar a una lógica separación del mantenimiento estatal, y claramente se necesita garantizar el funcionamiento correcto, por lo menos, del sistema que este propio gobierno está levantando, y que se supone llevan años (y varios meses de postergación más) analizando y discutiendo. En ese sentido, si no hay un cambio en el método en que se mantiene la política de reinserción en Chile, tampoco será posible ningún cambio concreto.

Por último, está el tema meramente educativo. Si bien el proyecto conllevaría a una amplia relación de los centros con una multisectorialidad de instituciones del Estado, estamos hablando de un método educativo donde el mismo senado reconoce falta de especialistas y donde nos genera una enorme contradicción esto de “nuevos sistemas” con el mismo método de administración local.

Frente a todo esto, y entendiendo tales incógnitas, la sociedad civil debe mantenerse alerta. La situación de la protección a la niñez no hace diferencias en la búsqueda de culpables. Todos son culpables. El abandono del Estado lleva décadas y la situación no da para más.

Un cambio sin reales condiciones de dignidad para los niños y jóvenes del país, no podemos tolerarlo. No podemos seguir dejando que la indiferencia triunfe mientras día a día se reproduce la violencia estatal. Es y seguirá siendo deber nuestro exigir que el Estado cumpla realmente con su obligación de protecciones especiales y aclare su propuesta de resocialización para que así de una vez por todas podamos acabar con el tortuoso infierno existente, ya que solo si dejamos de esperar y luchamos ahora por romper con el martirio legalizado, el porvenir será menos indigno y le dará efectivas oportunidades a quienes han sido abandonados por todos nosotros mismos.

«Frente a todo esto, y entendiendo tales incógnitas, la sociedad civil debe mantenerse alerta. La situación de la protección a la niñez no hace diferencias en la búsqueda de culpables. Todos son culpables. El abandono del Estado lleva décadas y la situación no da para más.»

Matías Cárdenas Collao, Presidente Codeju